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>Clientelismo y poder, vicios de las provincias

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>El sistema educativo de la provincia de San Luis (Arg) es de baja calidad e inequitativo. Siempre estuvo controlado por gobiernos provinciales conservadores, y hasta se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la mayoría de los ciudadanos provinciales tienen ideologías similares, y no manifiestan intenciones de cambio, es más, las críticas que se escuchan sobre lo que pasa en las escuelas, son sobre aspectos superficiales, referidos a los edificios etc.

Pero ¿Qué características tienen los gobiernos provinciales como este, en Argentina? ¿Cuál es la calidad institucional? La nota siguiente describe objetivamente, aunque no en su totalidad, la realidad en las provincias con fuertes menciones a San Luis:

La baja calidad institucional reina en la mayor parte de los distritos

Según Poder Ciudadano

Gobernantes que se perpetúan en el poder, dependencia del empleo público, clientelismo, ataque a los jueces independientes y asfixia financiera a la prensa. Esos son algunos de los mayores problemas que enfrenta la democracia en las provincias, donde las instituciones no escapan a la coyuntura nacional.

Un trabajo de la Fundación Poder Ciudadano indica, por ejemplo, que ocho de los 24 distritos del país no tuvieron rotación de partidos en el poder desde que volvió la democracia, en 1983. Se trata de Santa Cruz, Formosa, Jujuy, San Luis, La Rioja, La Pampa (todas manejadas por el PJ), Río Negro (UCR) y Neuquén (Movimiento Popular Neuquino). Las cláusulas de reelección indefinida y la ley de lemas que todavía existen en muchos distritos son la clave para retener el poder.

Un caso paradigmático es Catamarca: fue la única provincia con reelección indefinida donde el gobierno cambió de manos (pasó de peronistas a radicales), pero para eso tuvieron que mediar una intervención federal y el escándalo por el crimen de la joven María Soledad Morales.

Algo parecido pasó en Santiago del Estero, donde el radicalismo K llegó al poder sólo después de una intervención federal contra el gobierno de los Juárez.

Según Poder Ciudadano, un engranaje clave para perpetuarse en el gobierno es el empleo público, combinado con los planes sociales, el mejor reaseguro para mantener el voto cautivo.

Cinco de las siete provincias con mayor cantidad de empleados públicos cada 1000 habitantes no experimentaron cambios de gobierno en estos 26 años de democracia. Se trata de San Cruz, Neuquén, La Rioja, Formosa y Río Negro. Las otras dos provincias que completan la lista son Catamarca y Tierra del Fuego, que encabeza el ranking con 105 empleados públicos cada mil habitantes. Se trata de una auténtica excepción.

Convertida en provincia en 1992, la isla de Tierra del Fuego demostró una notoria rotación política (no sin escándalos) y desde entonces la gobernaron el Partido Justicialista (PJ), la Unión Cívica Radical (UCR) y Afirmación por una República Igualitaria (ARI).

Otro dato llamativo es la composición de las legislaturas. En siete provincias (San Luis, Santa Cruz, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos y Chubut) el gobernador cuenta con un bloque legislativo superior al 75 por ciento de las bancas. Mientras tanto, en cuatro más (Formosa, Misiones, Salta y Santiago del Estero) la bancada oficialista supera el 66 por ciento.

El trabajo efectuado por Poder Ciudadano advierte que en algunos distritos argentinos el voto no se traduce en una representación legislativa acorde y pone como ejemplo el sistema de un diputado por pueblo que se usa en Santa Cruz o el que se aplica en el Senado de San Luis, que conducen a la sobrerrepresentación de las mayorías.

“En 2007 perdimos contra el kirchnerismo por 60 puntos contra 40 y en 2009 le ganamos 60 puntos contra 40. Sin embargo, ellos retienen 20 diputados sobre 24”, ejemplificó a La Nacion el diputado Eduardo Costa (UCR-Santa Cruz).

Además, el estudio efectuado por Poder Ciudadano puso la lupa en 12 provincias, en las cuales entrevistó a informantes locales considerados claves (como académicos, periodistas o ex funcionarios) para obtener datos sobre libertad de expresión, procesos electorales y clientelismo.

San Luis, Santa Cruz, Formosa y Chaco (en ese orden) son las provincias en las cuales se percibe que el clientelismo político tiene más influencia y donde se notan más irregularidades electorales, mientras que Mendoza, la Capital Federal y Tierra del Fuego fueron las mejor evaluadas.

“Tenemos un sistema electoral perverso con ley de lemas, reelección indefinida, herramientas fraudulentas preelectorales y poselectorales, una justicia complaciente con el poder político y disciplinamiento a través de la caja de los medios”, dijo desde Formosa el senador radical Luis Naidenoff.

Con resultados similares, Santiago del Estero, San Luis, Formosa y Santa Cruz (en ese orden) fueron los distritos peor calificados en los ítems de independencia de los medios gráficos provinciales y de las organizaciones de la sociedad civil.

Allí los especialistas consultados denunciaron falta de libertad de expresión, prácticas de control y extorsivas (mediante la publicidad oficial) en los medios e injerencia gubernamental.

Caso paradigmático

El de San Luis es un caso paradigmático, porque funciona un solo diario provincial, propiedad de los hermanos Rodríguez Saá, que ejercen el poder desde 1983.

“En ese año había cinco diarios, pero ellos compraron tres, dos de los cuales cerraron, y asfixiaron financieramente a los otros dos, mediante la pauta publicitaria y el banco de la provincia”, dijo a La Nacion el ex diputado puntano Juan José Laborda Ibarra, de origen demócrata y opositor a los Rodríguez Saá.

“Hay democracias con diferentes grados de intensidad. Algunas alcanzan desarrollos democráticos interesantes, pero en otras se impone la discrecionalidad del gobierno de turno”, sintetizó Pablo Secchi, director del área Instituciones Políticas y Gobierno de Poder Ciudadano y responsable del estudio.

Finalmente, el relevamiento advierte sobre irregularidades en la Justicia, como la falta de concursos y la inestabilidad de los jueces o la mayoría oficialista en los consejos de la magistratura locales.

El tema también lo estudió la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), que notó deficiencias parecidas. “En algunas provincias, hay problemas serios de falta de independencia y avance de la política sobre la Justicia, hay destituciones de jueces por razones políticas, falta de transparencia judicial y consejos de la Magistratura con demasiada influencia del sector político”, sintetizó a La Nacion Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles.

 

Lunes 15 de febrero de 2010 

Laura Capriata
LA NACION

http://www.lanacion.com.ar/

 

Written by albertoch

16 febrero, 2010 a 9:32

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