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>Documento sobre Educación Secundaria en Argentina

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>Borrador para el debate Octubre, 2008
PALABRAS INICIALES DEL MINISTRO DE EDUCACION

El Documento preliminar para la discusión sobre la educación secundaria en la Argentina es fruto del trabajo de las autoridades educativas nacionales y jurisdiccionales, integradas en el Consejo Federal de Educación. Para su elaboración se contó, además, con el aporte de especialistas de reconocida trayectoria nacional y de las consultas a diferentes actores de la comunidad educativa. El Documento postula, a partir de un diagnóstico integral de la escuela secundaria y de sus principales problemáticas, las posibles líneas de acción destinadas a garantizar una educación de calidad y de alcance universal.

La escuela secundaria constituye uno de los ejes centrales de la actual agenda educativa. La Ley de Educación Nacional declaró la obligatoriedad de este nivel, lo cual tiene consecuencias muy profundas sobre los diseños curriculares, la organización institucional, los criterios pedagógicos, las normas de convivencia, los sistemas de evaluación y el desempeño docente. La obligatoriedad de la escuela secundaria implica un enorme desafío tanto para el Estado nacional y las administraciones jurisdiccionales como para la sociedad en su conjunto. Lograr la universalización de la escuela secundaria es mucho más que un programa educativo. Es un componente fundamental del proceso de construcción de una nación justa, solidaria e inclusiva.

La escuela secundaria ha sido objeto de múltiples reformas en las últimas décadas. Paradójicamente, esas transformaciones acentuaron la rigidez del modelo tradicional e hicieron cada vez más evidente la crisis de sentido y de identidad del nivel medio. La consecuencia más significativa de todo este proceso fue la creciente disociación entre la oferta educativa y las necesidades y demandas sociales, lo cual repercutió fuertemente en la calidad de los saberes.

Este fenómeno no tuvo lugar solamente en nuestro país. La literatura muestra que los diagnósticos y debates acerca de la transformación de la escuela secundaria tienen gran similitud en diferentes partes del mundo. En ese sentido, lo primero que debemos reconocer y aceptar es la enorme complejidad del problema, para evitar caer en la tentación de suponer que podemos enfrentarlo con estrategias simples o unidimensionales.

La obligatoriedad de la escuela secundaria plantea desafíos y responsabilidades a todos los actores sociales: en primer lugar, obviamente, al Estado; pero también a las familias, a los docentes, a los estudiantes y a la comunidad en su conjunto. Desde el momento que la sociedad ha definido por ley que todos tienen que culminar con éxito el nivel secundario, tenemos la obligación de garantizar condiciones para el acceso, la permanencia y el egreso de todos los estudiantes. En el escenario que plantea la Ley de Educación Nacional, el fracaso y la exclusión educativa ya no son sólo responsabilidad del alumno, sino fundamentalmente del Estado, del sistema educativo y del conjunto de la sociedad.

Una sociedad que declara obligatoria la escuela secundaria requiere niveles de equidad social y de distribución de la riqueza que permitan a las familias mantener a sus hijos en la escuela, sin tener que enviarlos a trabajar o hacerles abandonar prematuramente su escolaridad obligatoria. Por ello, es indudable que la escuela no puede afrontar ni resolver por sí sola las problemáticas que atraviesan el nivel secundario, ni hacer frente a los desafíos que nos impone la obligatoriedad. Alcanzar la universalización de la cobertura de la escuela secundaria supone una economía en crecimiento, competitividad genuina basada en la incorporación de progreso técnico en la producción, empleos decentes, salarios dignos, democracia y ciudadanía reflexiva.

Por otra parte, la obligatoriedad modifica las múltiples dimensiones de la actividad educativa: la organización de las instituciones, los contenidos curriculares, los métodos de evaluación, los métodos de enseñanza, los regímenes de convivencia y de disciplina en el interior de la escuela.

La articulación entre educación y sociedad asume, en este contexto, formas diferentes a las del pasado. La universalización no puede ser asimilada a la idea de homogeneización. El reto es interpretar las condiciones de las cuales partimos y diseñar un modelo institucional de escuela secundaria que atienda la diversidad e intereses de nuestro alumnado, con propuestas educativas que se abran a múltiples alternativas de formación, que atiendan la multiplicidad de motivaciones, expectativas y proyectos de cada uno de nuestros adolescentes y jóvenes.

El reconocimiento de la diversidad, sin embargo, está asociado a la necesidad de fortalecer los contenidos comunes. Los saberes distribuidos por un nivel educativo obligatorio son saberes básicos necesarios para el desempeño en los diferentes ámbitos de la sociedad y del desarrollo personal: el trabajo, la familia, la ciudadanía política, la construcción de la identidad, el cuidado del cuerpo y de la salud, etc. En este sentido, los contenidos curriculares de la enseñanza secundaria deben tener carácter integral (no enciclopédico), al servicio de un objetivo central: la orientación. Al final de la escuela secundaria, el estudiante debe estar en condiciones de conocerse a si mismo, conocer la sociedad y definir su proyecto de vida.

Universalizar el nivel secundario implica, asimismo, implementar acciones para jerarquizar la formación y condiciones de trabajo de los docentes, de forma tal que se promueva el trabajo en equipo, el compromiso institucional y un desempeño profesional basado en la convicción de que todos los estudiantes deben lograr niveles satisfactorios de aprendizaje.

Es sabido que existe una fuerte correspondencia entre las expectativas que los adultos tienen respecto de los adolescentes, las condiciones de enseñanza de los docentes y los resultados de los aprendizajes. Recuperar la confianza, estimular y recrear el interés de los alumnos, establecer límites, acordar y aplicar sanciones cuando estos límites no son respetados, son componentes fundamentales de una estrategia destinada a garantizar inclusión y calidad. La transformación de la escuela secundaria es, en última instancia, una transformación cultural.

En una época donde la inmediatez en la satisfacción de las necesidades y los requerimientos del consumo parecen ser las variables que rigen la vida cotidiana, recrear el sentido y la importancia de la educación es tarea que compete a toda la sociedad. Las acciones que suponen la enseñanza y el estudio requieren de una fuerte valoración social en tanto implican dedicación, empeño y perseverancia para construir futuro. La recuperación de estos valores es responsabilidad de los gobernantes pero también de la sociedad en su conjunto.

Una sociedad que asume el compromiso por el destino de las futuras generaciones debe ser capaz de diseñar un sistema educativo que incluya a todos y todas, que garantice iguales condiciones de calidad en la enseñanza y en los aprendizajes, que atienda y valore la diversidad. La educación anticipa el futuro y si queremos construir una sociedad justa, debemos trabajar para disponer hoy de una escuela justa. El compromiso con la escuela secundaria requiere, entonces, de voluntad política y acciones del Estado, pero también de la tarea cotidiana y permanente de la sociedad en su conjunto en pos de jerarquizar el valor de la educación como premisa de futuro.

Con esta perspectiva, convocamos a un debate nacional amplio y responsable. El propósito de este debate es poner en valor el sentido y la función de la escuela secundaria. El programa para alcanzar la meta de una educación secundaria obligatoria con iguales niveles de calidad para todos y todas supone una tarea compleja que requiere definir prioridades, precisar estrategias y concertar compromisos conjuntos. Aspiramos a que participen de este debate todos los actores sociales, tanto los de la comunidad educativa –docentes, estudiantes, padres y madres – como la ciudadanía en general. Para ello serán convocados los Consejos Consultivos del Consejo Federal de Educación, las organizaciones sociales, los centros académicos, los medios de comunicación y todos aquellos que quieran expresar sus opiniones, demandas y necesidades.

Sabemos que el camino a recorrer no será fácil. Sin embargo y a pesar de todas las incertidumbres que el futuro nos puede deparar, tenemos la convicción de que no existen destinos preestablecidos si existe una fuerte voluntad política y un trabajo sostenido para alcanzar los fines propuestos. Y también poseemos una certeza: en la concreción de un proyecto de país justo, libre y solidario la educación tiene un papel determinante.

Juan Carlos Tedesco
Ministro de Educación

Algunas preguntas y consideraciones
De las palabras iniciales del Ministro, surge una problemática como común a muchos países, pero oculta que en Argentina estamos inmersos en un proceso de deterioro educativo que no se da en otras partes, y no solamente en la escuela secundaria.

Afirma además que “Una sociedad que declara obligatoria la escuela secundaria requiere niveles de equidad social y de distribución de la riqueza que permitan a las familias mantener a sus hijos en la escuela, sin tener que enviarlos a trabajar o hacerles abandonar prematuramente su escolaridad obligatoria” De esta manera hace referencia a la inequidad social que es el origen del más grave problema del sistema educativo, la desigualdad de oportunidades. ¿Se tratará esta temática en el documento?

Por último, ¿Estamos en presencia de una posibilidad de discutir un tema de vital importancia, o se trata de un escenario montado para aparentarlo?

Written by albertoch

31 octubre, 2008 at 16:16

>Breve referencia histórica

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>La creación del sistema educativo
A diferencia de lo que ocurrió en los estados europeos, en América Latina, el Estado se consolidó como una organización donde tuvo capacidad de participar solamente la clase dirigente de la sociedad, o sea se trató de un Estado Oligárquico. Este grupo estuvo constituido por productores de bienes para el mercado externo, exportadores, importadores y financistas.


La Argentina de entonces, con capacidad de producir bienes con alta demanda internacional, tuvo necesidad de integrar al sector productivo un sector de la población e incorporar una importante cantidad de mano de obra, a partir de la inmigración. Lo cual favoreció el crecimiento paulatino de sectores medios y una mayor heterogeneidad social y cultural.

Esto exigió una presencia más importante del Estado como agente integrador y hegemónico, lo cual no implicó la apertura al poder de los nuevos sectores sociales. El modelo de participación política continuó siendo muy restrictivo, caracterizado por amplias libertades civiles y restringidas libertades políticas.

Se trató entonces de un modelo excluyente en lo económico y lo político, que no brindó acceso masivo a la propiedad, a la participación política o a la movilidad ascendente, por lo que un sector de la población encontró en la educación el mecanismo más idóneo para integrar y modernizar la sociedad. En este marco el sistema educativo se constituyó con características fuertemente estatistas y centralizadoras.

En nuestro país la función encargada a la educación, en sus orígenes estuvo más vinculada a la esfera de lo político que a lo económico. La relación con la estructura económica no estuvo dada por la capacitación de los trabajadores. Ello se debió a que tanto la explotación extensiva de los campos como la incipiente industria no requerían una mano de obra especializada, y por otra parte las necesidades de mayor capacitación fueron cubiertas con la inmigración.

La educación con la economía estuvo relacionada, no obstante, en un doble sentido, ya que la estructura escolar permitió una estratificación social acorde con los intereses de la clase dirigente (una base numerosa con conocimientos mínimos y una escuela media restrictiva que permitía seleccionar personal para la administración) y por otra parte una estructura y un currículum altamente centralizado y elaborados desde el puerto permitieron imponer el proyecto agroexportador de la generación del 80.

Por lo tanto, desde la perspectiva de la sociedad, los sectores medios encontraron en el sistema educativo una alternativa eficaz para aumentar su capital cultural y aumentar las posibilidades de participación, contando con mejores elementos para potenciar su demanda de integración social y política plena.

En síntesis, la etapa de génesis del Estado Nacional estuvo signada por la contradicción entre los ideales del liberalismo y un modelo económico político y social que a pesar de mostrarse en su época modernizador, no incorporó a grandes sectores de la población.

Educar para el crecimiento.
El estado benefactor
A partir de la crisis del 30 y más fuertemente con la segunda guerra mundial, la caída de las exportaciones de materias primas y de las importaciones de manufacturas, obligaron a realizar una industrialización sustitutiva, y la ausencia de sectores civiles para encabezar este proceso, obligó al Estado a tomar la iniciativa y conducir el nuevo momento.

Sin cuestionar un orden económico basado en el mercado, intentó regularlo a partir de: una planificación destinada a mejorar la racionalidad económica y un vigoroso crecimiento del sector público en áreas estratégicas de la producción y los servicios.

En lo político intentó expresar una alianza con los sectores favorecidos con el proceso de industrialización y el crecimiento del mercado interno. En lo social el estado reconvierte su función, dejando de ser protector de los derechos individuales para transformarse en garante de los derechos sociales.

En este marco es posible plantear diferencias con el modelo anterior en lo referente a la función de la educación. La primera de ellas es que en el Estado oligárquico liberal, la intervención oficial en materia educativa constituyó una excepción respecto a su abstención de participar en otras políticas sociales. En el caso del estado benefactor significó una de las estrategias que formó parte de una política social más general dirigida a incorporar a nuevos sectores a la participación social.

Pero la diferencia que más interesa destacar es que la educación fue aceptada no solo como un derecho de los ciudadanos, sino también como estrategia de capacitación de mano de obra para satisfacer la demanda de la incipiente industria.

Las reformas en educación acompañaron un proceso que se desarrolló a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzando a generarse una visión “economicocentrista” del papel de la educación, pasando esta a ser considerada como una inversión, que tenía como principal objetivo alcanzar una renta individual y social.

La nueva alianza integrada por sectores empresariales más vinculados al capital extranjero, a la banca, a los productos primarios exportables y a grupos tecnocráticos concibió que la participación de los sectores populares en el estilo de las décadas anteriores significaba un peligro para el modelo de acumulación propuesto. La restricción de la participación política a través de gobiernos militares o democracias condicionadas fue la característica del período que va desde el 1955 hasta el 1973.

Esta nueva coalición puso en evidencia la contradicción existente entre el sentido modernizante que se le quería imponer al crecimiento económico y el sentido elitista que tomó el estado desarrollista frente a la demanda de participación plena de grandes sectores de la población.

Los efectos más sentidos de esta contradicción provienen de un aumento en la demanda de educación, creciendo la matrícula escolar en todos los niveles mientras que los recursos destinados a las políticas educativas no se incrementaron, siendo esto un factor de deterioro de la calidad educativa y de las condiciones materiales de la enseñanza, ya que el salario docente es la variable de ajuste.

En esos momentos la escuela se convirtió en uno de los principales instrumentos de socialización en las normas, valores y estándares de comportamiento urbano para los millones de trabajadores que llegaron del medio rural.

La escuela atendió a los peligros de anomia, cumpliendo con las funciones de homogeneización, brindando pautas y valores de un orden social emergente, y de diferenciación dotando a los individuos de las condiciones exigidas para ocupar el lugar que la sociedad le daba. El efecto legitimador que cumplió la educación permitió a su vez minimizar los conflictos sociales que se produjeron por las transformaciones.

Otra de las funciones políticas de la educación que cumplió en ese entonces está relacionada con las transformaciones curriculares llevadas a cabo tanto por el gobierno peronista cuanto por la llamada revolución libertadora y los siguientes.

Queda también resaltado el estado de desigualdad existente entre las provincias de la república con diferencias muy notorias, relacionadas con las distintas capacidades económicas.

El modelo de estado benefactor tambalea a mediados de la década del 70. Profundas crisis fiscales, agravadas por la gran suba del precio internacional del petróleo hicieron pensar que no era posible aplicar las soluciones Keynesianas, con una intervención más activa del Estado.

En nuestro país se suceden diversas etapas en el sistema educativo, desde “educar para la liberación (Cámpora), pasando por “educar para el orden” (Isabel M de Perón y el Proceso), hasta “Educar para la democracia” (Alfonsín), hasta que el “estado de bienestar”, sometido a fuertes crisis se termina convirtiendo en un verdadero “estado de malestar”.

El estado post social
La incipiente globalización de los fines de los 80, con las presiones de los propietarios de los medios de producción para aumentar su competitividad, disminuyendo los impuestos, hacen que los recursos utilizados en la educación fueran cada vez más escasos.

Esto agregado al hecho que los avances tecnológicos en la robotización jugó en contra del trabajo (para producir más es necesario más tecnología y menos trabajo), y las mejoras en las comunicaciones permite a los capitales moverse de un lugar a otro del planeta en forma instantánea, proporcionan un grave desequilibrio en las fuerzas del capital y del trabajo, creando condiciones para un doloroso retroceso de los trabajadores.

Aparecen con fuerza fenómenos como el de la desocupación en gran escala y la necesidad de generar nuevos negocios para el capital, lo cual permite el surgimiento de proyectos mercantilizadores de los servicios educativos.

Vastos sectores buscan en el sistema educativo una alternativa para no caer en la escala social, lo que produce a su vez generalizadas devaluaciones de las acreditaciones, y el consiguiente desprestigio de la actividad escolar, y pérdida de nivel de la calidad educativa.

En un mundo que avanza hacia “un solo mercado de bienes, servicios, tecnología y capital”, las limitaciones a la intervención del Estado no sólo están impulsadas por situaciones internas, también están fuertemente condicionadas por poderosos factores de decisión externa. Los organismos internacionales pasan a desempeñar un rol preponderante.

Cabe destacar que la desaparición del Estado Benefactor tomó en América Latina características distintas que en los países Europeos. Su desaparición se produce sin haber cumplido con sus objetivos y además en Europa no se cuestionó la intervención del Estado en temas sociales, sólo su aspecto Keynesiano.

Este nuevo estado emergente cumple la función de garante de las reglas de juego, habiendo abandonado su papel en la economía, trasfiriendo además sus responsabilidades a la sociedad civil y el mercado.

La concentración del poder económico, el aumento de la desigualdad social y la anomia en los comportamientos sociales respecto al cumplimiento de las normas, inclusive las legales, serían las principales consecuencias de este proceso.

Written by albertoch

2 septiembre, 2007 at 20:56