>Las Prioridades Educativas son de interés de todos

>La Concertación como un nuevo modo de hacer política
¿Es posible pensar que una parte de la sociedad tiene derecho a la fijación de las políticas educativas sin considerar al resto? ¿El manejo de los recursos dedicados a la Educación es de incumbencia absoluta del Poder Ejecutivo? ¿Quién debe fijar las prioridades educativas de una jurisdicción?
Estas y otras preguntas nos llevan a pensar que un problema central es la recuperación de la política como actividad organizadora de las relaciones sociales, económicas y culturales.
El rescate de lo político obliga a una modificación en los modos de hacer política que permita recuperar y legitimar una nueva relación entre sociedad civil y política y construya un lazo de identidad entre la autoridad y el conjunto de la sociedad. Este nuevo modo de hacer política debería incluir cambios en los procedimientos de toma de decisión y resolución del conflicto.
En cuanto a los procedimientos de resolución de conflictos se trata de pasar de un sistema organizado con el criterio de la imposición a otro que reconoce en la concertación su principio estructurador.

Los procedimientos de concertación proponen una lógica de complementarización y de composición que reconoce la multiplicidad y diversidad de intereses que están en juego. El modelo podría permitir, por lo menos en teoría, la inclusión de intereses opuestos y contradictorios que paradójicamente deben ser contemplados para el logro de los resultados propuestos.

Una democracia es el fruto de una negociación en la cual los adversarios consideran la coexistencia menos costosa que la destrucción recíproca. Este reconocimiento por parte de los actores pareciera ser la condición necesaria para la generación de un proceso de concertación.

Se propone además, un mecanismo de permanente tratamiento del conflicto, basado en la explicitación argumentativa de las posiciones de los actores y en la búsqueda de resultados que contengan la contemplación de los intereses diversos y aun opuestos. Se trata de no eliminar, ni derivar, ni eludir el conflicto, sino de reconocer los términos en que éste se manifiesta, poner en transparencia los intereses que están en juego produciendo políticas que los contengan.

No se propone un abandono de los valores, sino más bien un cambio del “estado” en que estos valores se presentan en los procesos de negociación y resolución de conflicto.
Proponemos, en síntesis discutir en forma abierta y transparente, las prioridades educativas provinciales, en un marco de mutua confianza, y nos oponemos a una autoritaria imposición de prioridades.

Para comenzar el debate
Nuestra provincia tiene necesidades educativas de muchos tipos, el cumplimiento de todas ellas apuntan a la construcción de una sociedad mejor para todos los sanluiseños.

La repitencia en el primer grado
Este es un problema muy grave para muchos niños de la provincia. Está comprobado que la repitencia no es solución, solo engendra frustración y exclusión del sistema.
Existen planes de apoyo a las instituciones escolares, aplicados con éxito en otros lugares, que disminuyen dramáticamente el índice de repitencia en el primer grado, permitiendo el acceso a la lectura y escritura a los alumnos, en el tiempo adecuado.
¿Es prioritario evitar esta repitencia y la exclusión educativa?

Igualdad de oportunidades
La Constitución Provincial en su Artículo 75 inc. 5, como principio general de la educación estatal establece: Se prevén especialmente los medios necesarios para que se efectivice la escolaridad obligatoria y la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia al sistema educativo por medio de becas, comedores escolares, seguro escolar y otras providencias concurrentes al fin señalado.
¿Es prioritario poner en juego los recursos necesarios para hacer realidad esta aspiración?

Renovación de códigos de convivencia escolar y relaciones con la familia
Los docentes sabemos que afrontamos una serie de dificultades a la hora de cumplir con nuestro trabajo, y que estas muchas veces superan nuestras fuerzas.
Problemas de disciplina, de bajo compromiso con la tarea de aprender nos hace pensar si habrá llegado el momento de replantear los códigos de convivencia y de la alianza familia escuela. Para esto es necesario que las instituciones escolares cuenten con el debido apoyo externo.
¿Es prioritario mejorar el rendimiento escolar?

Erradicación del analfabetismo
Nuestra provincia tiene miles de personas en estado de analfabetismo. ¿Se trata de una situación razonable para el siglo XXI?
Debemos convocar a todas las fuerzas solidarias, para terminar en forma perentoria con este flagelo.
¿Es prioritaria la erradicación del analfabetismo?

El malestar docente
Sabemos que los salarios de los docentes de la provincia no consiguen alcanzar al ritmo del aumento del costo de vida, ni siquiera a nivel de las estadísticas oficiales de la propia provincia. Además tenemos problemas más específicos, como el de la zona desfavorable, que no llega a quienes les corresponde, ni tampoco se reconoce la proporcionalidad de lo trabajado debido al mal llamado “doble cargo”, aunque trabajar 40 horas cátedra no sea precisamente eso.
Por otra parte los que atendemos esta tarea, nos vemos afectado por un stress docente, que puede ser amortiguado con una acción oficial apropiada. ¿Atender al malestar docente es una prioridad educativa?

Plan de inclusión educativa
Vivimos en una sociedad con fuertes tendencias a la exclusión de un gran número de sus integrantes, por lo que se hace imperiosa la recuperación de alumnos jóvenes que abandonaron la escuela, la creación de escuelas hospitalarias y carcelarias, la escolarización de adultos y el mejoramiento de la escuela rural entre otras visibles necesidades.
Por otra parte, es sabido que sin inclusión educativa, no existe la inclusión social.
¿Es prioritaria para la provincia la inclusión educativa?

Universidad Provincial
El gobierno provincial se hizo cargo de la creación de una casa de estudios, la “Universidad de la Punta”. Se destinan grandes recursos, pero no sabemos que carrera se dicta, cuántos alumnos tiene, ni tampoco podemos cuantificar la magnitud del esfuerzo del pueblo sanluiseño, dada la posibilidad que tiene el poder ejecutivo de cambiar el destino de las partidas presupuestarias.
¿Es prioritario para la provincia tener su universidad provincial?

Cobertura de cargos y horas de cátedra
Año tras año vemos que en las escuelas de nuestra provincia se pierde mucho tiempo por una insuficiente cobertura de cargos y horas de cátedra docentes. Eso opera directamente contra la calidad educativa.
A todo eso hay que sumar la presencia de personal precarizado ocupando cargos de maestranza, en contradicción con lo que la escuela debe enseñar. ¿Es prioritaria la normalización de la cobertura laboral en las escuelas?

Programas para el mejoramiento de la lectura
Se han iniciado diversos programas de fomento a la lectura, todos ellos caracterizados por su bajo perfil. La lectura constituye un elemento esencial para entrar en el camino de la excelencia educativa. Es necesario que todo el pueblo lea.
¿La lectura es una prioridad entre las políticas educativas

Provisión de wi-fi
Se asegura desde los altos niveles de conducción de la provincia, que la cobertura de servicios de wi-fi alcanzará a toda la población. El esfuerzo para lograrlo resulta significativo, y nos preguntamos si el contexto social está preparado para darle la utilidad que le corresponde a esos recursos empelados.
¿La provisión de wi-fi representa una prioridad para la educación en la provincia?

Educación terciaria en la provincia: carreras docentes
La formación de nuevos docentes está delegada a las provincias en todo el país. Nuestras escuelas necesitan de nuevos docentes capaces de insertarse con éxito ante una compleja realidad.
¿Es prioritaria la preparación de nuevos docentes para la provincia?

Educar para el trabajo, las escuelas técnicas
Asistimos al retorno de un viejo paradigma, que el Estado se haga responsable de la formación para el trabajo de los futuros ciudadanos. Ellos deberán insertarse en un mundo cada vez más complicado y exigente. ¿Son prioritarias las escuelas técnicas?

Programas de mediación para atender a la creciente conflictividad en las escuelas
Vivimos en un contexto social que va incrementando su grado de violencia y conflictividad. Surge entonces la mediación como instrumento para superar situaciones difíciles, que la imposición no puede solucionar.
¿Es la preparación de mediadores una prioridad de nuestro sistema educativo?

Conclusiones
Quedan planteadas algunas preguntas, no son todas, seguramente surgirán otras del diálogo constructivo. Hacemos un llamamiento ante los responsables del Sistema Educativo Provincial, a la convocatoria de un diálogo sin exclusiones para poder comprometernos con prioridades educativas consensuadas.

>Breve referencia histórica

>La creación del sistema educativo
A diferencia de lo que ocurrió en los estados europeos, en América Latina, el Estado se consolidó como una organización donde tuvo capacidad de participar solamente la clase dirigente de la sociedad, o sea se trató de un Estado Oligárquico. Este grupo estuvo constituido por productores de bienes para el mercado externo, exportadores, importadores y financistas.

La Argentina de entonces, con capacidad de producir bienes con alta demanda internacional, tuvo necesidad de integrar al sector productivo un sector de la población e incorporar una importante cantidad de mano de obra, a partir de la inmigración. Lo cual favoreció el crecimiento paulatino de sectores medios y una mayor heterogeneidad social y cultural.

Esto exigió una presencia más importante del Estado como agente integrador y hegemónico, lo cual no implicó la apertura al poder de los nuevos sectores sociales. El modelo de participación política continuó siendo muy restrictivo, caracterizado por amplias libertades civiles y restringidas libertades políticas.

Se trató entonces de un modelo excluyente en lo económico y lo político, que no brindó acceso masivo a la propiedad, a la participación política o a la movilidad ascendente, por lo que un sector de la población encontró en la educación el mecanismo más idóneo para integrar y modernizar la sociedad. En este marco el sistema educativo se constituyó con características fuertemente estatistas y centralizadoras.

En nuestro país la función encargada a la educación, en sus orígenes estuvo más vinculada a la esfera de lo político que a lo económico. La relación con la estructura económica no estuvo dada por la capacitación de los trabajadores. Ello se debió a que tanto la explotación extensiva de los campos como la incipiente industria no requerían una mano de obra especializada, y por otra parte las necesidades de mayor capacitación fueron cubiertas con la inmigración.

La educación con la economía estuvo relacionada, no obstante, en un doble sentido, ya que la estructura escolar permitió una estratificación social acorde con los intereses de la clase dirigente (una base numerosa con conocimientos mínimos y una escuela media restrictiva que permitía seleccionar personal para la administración) y por otra parte una estructura y un currículum altamente centralizado y elaborados desde el puerto permitieron imponer el proyecto agroexportador de la generación del 80.

Por lo tanto, desde la perspectiva de la sociedad, los sectores medios encontraron en el sistema educativo una alternativa eficaz para aumentar su capital cultural y aumentar las posibilidades de participación, contando con mejores elementos para potenciar su demanda de integración social y política plena.

En síntesis, la etapa de génesis del Estado Nacional estuvo signada por la contradicción entre los ideales del liberalismo y un modelo económico político y social que a pesar de mostrarse en su época modernizador, no incorporó a grandes sectores de la población.

Educar para el crecimiento.
El estado benefactor
A partir de la crisis del 30 y más fuertemente con la segunda guerra mundial, la caída de las exportaciones de materias primas y de las importaciones de manufacturas, obligaron a realizar una industrialización sustitutiva, y la ausencia de sectores civiles para encabezar este proceso, obligó al Estado a tomar la iniciativa y conducir el nuevo momento.

Sin cuestionar un orden económico basado en el mercado, intentó regularlo a partir de: una planificación destinada a mejorar la racionalidad económica y un vigoroso crecimiento del sector público en áreas estratégicas de la producción y los servicios.

En lo político intentó expresar una alianza con los sectores favorecidos con el proceso de industrialización y el crecimiento del mercado interno. En lo social el estado reconvierte su función, dejando de ser protector de los derechos individuales para transformarse en garante de los derechos sociales.

En este marco es posible plantear diferencias con el modelo anterior en lo referente a la función de la educación. La primera de ellas es que en el Estado oligárquico liberal, la intervención oficial en materia educativa constituyó una excepción respecto a su abstención de participar en otras políticas sociales. En el caso del estado benefactor significó una de las estrategias que formó parte de una política social más general dirigida a incorporar a nuevos sectores a la participación social.

Pero la diferencia que más interesa destacar es que la educación fue aceptada no solo como un derecho de los ciudadanos, sino también como estrategia de capacitación de mano de obra para satisfacer la demanda de la incipiente industria.

Las reformas en educación acompañaron un proceso que se desarrolló a nivel mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzando a generarse una visión “economicocentrista” del papel de la educación, pasando esta a ser considerada como una inversión, que tenía como principal objetivo alcanzar una renta individual y social.

La nueva alianza integrada por sectores empresariales más vinculados al capital extranjero, a la banca, a los productos primarios exportables y a grupos tecnocráticos concibió que la participación de los sectores populares en el estilo de las décadas anteriores significaba un peligro para el modelo de acumulación propuesto. La restricción de la participación política a través de gobiernos militares o democracias condicionadas fue la característica del período que va desde el 1955 hasta el 1973.

Esta nueva coalición puso en evidencia la contradicción existente entre el sentido modernizante que se le quería imponer al crecimiento económico y el sentido elitista que tomó el estado desarrollista frente a la demanda de participación plena de grandes sectores de la población.

Los efectos más sentidos de esta contradicción provienen de un aumento en la demanda de educación, creciendo la matrícula escolar en todos los niveles mientras que los recursos destinados a las políticas educativas no se incrementaron, siendo esto un factor de deterioro de la calidad educativa y de las condiciones materiales de la enseñanza, ya que el salario docente es la variable de ajuste.

En esos momentos la escuela se convirtió en uno de los principales instrumentos de socialización en las normas, valores y estándares de comportamiento urbano para los millones de trabajadores que llegaron del medio rural.

La escuela atendió a los peligros de anomia, cumpliendo con las funciones de homogeneización, brindando pautas y valores de un orden social emergente, y de diferenciación dotando a los individuos de las condiciones exigidas para ocupar el lugar que la sociedad le daba. El efecto legitimador que cumplió la educación permitió a su vez minimizar los conflictos sociales que se produjeron por las transformaciones.

Otra de las funciones políticas de la educación que cumplió en ese entonces está relacionada con las transformaciones curriculares llevadas a cabo tanto por el gobierno peronista cuanto por la llamada revolución libertadora y los siguientes.

Queda también resaltado el estado de desigualdad existente entre las provincias de la república con diferencias muy notorias, relacionadas con las distintas capacidades económicas.

El modelo de estado benefactor tambalea a mediados de la década del 70. Profundas crisis fiscales, agravadas por la gran suba del precio internacional del petróleo hicieron pensar que no era posible aplicar las soluciones Keynesianas, con una intervención más activa del Estado.

En nuestro país se suceden diversas etapas en el sistema educativo, desde “educar para la liberación (Cámpora), pasando por “educar para el orden” (Isabel M de Perón y el Proceso), hasta “Educar para la democracia” (Alfonsín), hasta que el “estado de bienestar”, sometido a fuertes crisis se termina convirtiendo en un verdadero “estado de malestar”.

El estado post social
La incipiente globalización de los fines de los 80, con las presiones de los propietarios de los medios de producción para aumentar su competitividad, disminuyendo los impuestos, hacen que los recursos utilizados en la educación fueran cada vez más escasos.

Esto agregado al hecho que los avances tecnológicos en la robotización jugó en contra del trabajo (para producir más es necesario más tecnología y menos trabajo), y las mejoras en las comunicaciones permite a los capitales moverse de un lugar a otro del planeta en forma instantánea, proporcionan un grave desequilibrio en las fuerzas del capital y del trabajo, creando condiciones para un doloroso retroceso de los trabajadores.

Aparecen con fuerza fenómenos como el de la desocupación en gran escala y la necesidad de generar nuevos negocios para el capital, lo cual permite el surgimiento de proyectos mercantilizadores de los servicios educativos.

Vastos sectores buscan en el sistema educativo una alternativa para no caer en la escala social, lo que produce a su vez generalizadas devaluaciones de las acreditaciones, y el consiguiente desprestigio de la actividad escolar, y pérdida de nivel de la calidad educativa.

En un mundo que avanza hacia “un solo mercado de bienes, servicios, tecnología y capital”, las limitaciones a la intervención del Estado no sólo están impulsadas por situaciones internas, también están fuertemente condicionadas por poderosos factores de decisión externa. Los organismos internacionales pasan a desempeñar un rol preponderante.

Cabe destacar que la desaparición del Estado Benefactor tomó en América Latina características distintas que en los países Europeos. Su desaparición se produce sin haber cumplido con sus objetivos y además en Europa no se cuestionó la intervención del Estado en temas sociales, sólo su aspecto Keynesiano.

Este nuevo estado emergente cumple la función de garante de las reglas de juego, habiendo abandonado su papel en la economía, trasfiriendo además sus responsabilidades a la sociedad civil y el mercado.

La concentración del poder económico, el aumento de la desigualdad social y la anomia en los comportamientos sociales respecto al cumplimiento de las normas, inclusive las legales, serían las principales consecuencias de este proceso.

>El Sistema Educativo hoy

>En la actualidad nos encontramos insertos en un mundo unipolar, afectado por grandes cambios de orden tecnológico que afectan las costumbres y las relaciones interpersonales. Ante esa realidad, ¿qué posición adopta el sistema educativo?, ¿están las escuelas a la altura que las circunstancias exigen?, ¿cómo responde a las demandas de la sociedad?, ¿ayuda a democratizar el orden social, o mas bien lo legitima, lo conserva?

El sistema social, debido a las transformaciones en las comunicaciones y en la robótica, ha aumentado fuertemente su tendencia a la exclusión, con enormes cantidad de personas quedando fuera del sistema, y a su vez hizo crecer la demanda de capacitación, provocando una mayor competencia por el acceso a los bienes culturales.

Esa mayor competencia provocó a su vez una devaluación de las credenciales que el sistema educativo otorga, en especial las del sistema educativo provincial. Es evidente que el título secundario cayó en un severo desprestigio.

Ante esta situación, ¿qué sucede con nuestras escuelas?, en primera instancia es posible caracterizarlas como un conjunto de barcos que no tienen rumbos muy definidos, con escasos puentes de comunicación con el Nivel Central de Conducción, con otras escuelas, con la familia y con la comunidad en general, en definitiva, no tienen apariencia de formar una flota.

La falta de comunicación con el nivel central crea una sensación de anomia y desinterés por parte de las autoridades educativas, lo que sería subsanado en buena parte con la puesta en funciones de los supervisores. Solo se recibe como aporte, el dictado de algunos cursos de perfeccionamiento que tienen bajo o nulo impacto.

Continuando con la carencia de supervisores, eso hace patente la falta de una mirada externa a cada institución, que permita descubrir debilidades y fortalezas, que ayude a estimular la autoevaluación y fijar rumbos claros en cada escuela.

En lo referente a las relaciones entre escuelas, resulta evidente que no se logró superar el tradicional aislamiento en pro de una tarea más compartida, a partir de los logros obtenidos por alguna innovación aplicada.

Puertas adentro, la falta de un proyecto educativo institucional consensuado, lleva a una falta de transparencia de las acciones.

La incomunicación con la familia, vivida por los docentes como un desinterés de parte de estas, crea una problemática más severa en un doble sentido, primero como falta de componentes para democratizar la escuela, y segundo por la ausencia de un “currículo del hogar” (hábitos de lectura, actitud crítica frente a la TV, hábitos de estudio, liderazgos democráticos familiares etc.).

La relación con la comunidad está signada por el desprestigio de la institución escolar, y la falta de valoración de los aprendizajes (“lo mismo un burro que un gran profesor”).

Estas razones, entre otras han creado un clima de malestar docente, que incluye insatisfacciones sobre la retribución material, y sobre las condiciones de trabajo que hace imposible avanzar hacia una situación de calidad educativa (situación que tiende a empeorar, llegando a situaciones muy difíciles con alumnos de más de 12 años).

Todo esto se da en un marco de ingentes inversiones en infraestructura edilicia y dificultades por la mala calidad de la obra pública.

Mientras que, desde una óptica sociológica nos encontramos con un sistema inequitativo, que reproduce las diferencias sociales, y con baja calidad educativa (aun comparado con el sistema nacional). Las escuelas operan más como guarderías que como centros distribuidor de conocimientos.

En síntesis, estamos frente a un problema que debe ser afrontado por la sociedad toda, debiendo el nivel central de conducción resignar su posición de “solucionador”, adoptando políticas que estimulen a todos los sectores de la población a contribuir a una mejoría y reconversión del sistema.